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Indice del artículo
Noticias Editorial
Tradiciones culturales y derechos de NNA
Combatiendo el tráfico de niños, niñas y adolescentes
De la mujer al niño: sujetos invisibles en la sociedad
Fundación, Magdalena
Conferencia Internacional CPC
Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria
Adopción: ¿medida principal y por excelencia?
Homenaje al Profesor Carlos Tejeiro
Entrevista con la revista Semana
Todas las páginas

Adicionalmente, se pretende conjurar la violencia desde el derecho, ya que a raíz de los últimos hechos, se ha vuelto a abrir el debate sobre la pena de muerte, propuesta por el general Rodolfo Palomino de la Policía Nacional, y sobre la cadena perpetua, que se está debatiendo en el Congreso desde el 19 de febrero. Este debate indiscutiblemente lleva a preguntarse sobre qué tan absoluta es la vida, pues se pretende proteger la vida de los NNA mediante la amenaza de muerte de quienes cometan crímenes atroces contra ellos. Sin embargo, intentar remediar la violencia contra NNA desde el derecho es cometer el mismo error de pretender resolver problemas sociales desde el derecho penal.

El ser un fenómeno estructural se evidencia en la invisibilidad institucional en temas de infancia y adolescencia existente en el país. El esfuerzo de todos aquellos que han denunciado atrocidades contra esta parte de la población muestra la debilidad del principio de corresponsabilidad, y que si bien está consagrado en la Constitución y en otros instrumentos normativos, no se ha implementado hasta la fecha. Sigue siendo un principio en abstracto, que no se ha aplicado en temas de violencia y prostitución, los cuales son fenómenos masivos y de amplio espectro, a diferencia de la violación. Para manejarlos, la legislación de infancia y adolescencia consagra el principio de corresponsabilidad, específicamente en el artículo 10 del CIA, según el cual "la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección". No obstante, el sistema que materializa –o que debería materializar– el principio no funciona. No hay una visibilización política ni institucional del Estado y la sociedad, principales protagonistas de la corresponsabilidad.

Recopilando lo planteado anteriormente, se insiste en que la violencia contra NNA no es algo nuevo, sino un fenómeno estructural. Pretender corregir esto con la pena de muerte o la cadena perpetua es cometer el error de intentar resolver problemas sociales desde el derecho penal, y lo único que se logra es poner en tela de juicio si la vida efectivamente es un valor absoluto, contrariando principios constitucionales. Es menester entonces, aplicar de manera adecuada el principio de la corresponsabilidad, que nunca ha sido realmente visible, más allá de casos puntuales. Es necesario tener una verdadera institucionalidad del estado que materialice este principio en acciones concretas dirigidas a atacar los fenómenos masivos y de amplio espectro, y no únicamente aquellas situaciones particulares como los abusos sexuales o los procesos de restablecimiento de derechos.


Tradiciones culturales y derechos de NNA

El reciente escándalo ocurrido en Barbosa, Santander, hace visible la tensión que existe entre algunas tradiciones culturales regionales y ciertos derechos de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) pertenecientes a las comunidades que realizan estas tradiciones. La práctica que tiene consternado al país consiste en un concurso de belleza llamado 'Miss Tanguita', que lleva siendo parte de la cultura del mencionado pueblo desde hace 25 años. En éste, concursan niñas entre los 7 y 11 años de edad, que tienen que desfilar en vestido de baño. Durante el evento, hay un alto consumo de bebidas alcohólicas y las licoreras son las principales patrocinadoras del evento. Este concurso es la modalidad infantil de un concurso de belleza de mujeres adultas, que se conoce como 'Miss Tanga'. Las autoridades del municipio han justificado la existencia de 'Miss Tanguita' bajo el principio de la visibilidad de la infancia, pues consideran que hay poca participación de los NNA en los eventos y tradiciones culturales de la región. A raíz de la publicación de fotografías y videos del evento en las redes sociales, se convirtió en escándalo nacional, y el gobierno amenazó con imponer sanciones a los padres de las niñas, como la pérdida de la patria potestad.

Bajo este entendido, el derecho de los NNA a tener sus propias expresiones artísticas y a participar en la vida cultural del lugar donde residen, entra en tensión con otros derechos de esta población y con principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y el Código de Infancia y Adolescencia (CIA). Es decir, hay expresiones culturales y artísticas típicas de ciertas zonas geográficas que riñen con la CDN y el CIA.

Por un lado, todos los pueblos tienen derecho a tener sus propias tradiciones culturales y expresiones artísticas, y además es importante que los NNA formen parte de éstas, teniendo en cuenta que son parte esencial de la sociedad y son sujetos titulares de derechos. En este sentido, los NNA tienen el derecho de disfrutar sus propias expresiones artísticas, especialmente sin que los adultos los obliguen a expresarlas de una manera determinada. Este derecho se deriva de la interpretación sistemática de los derechos a: la libertad de expresión (artículo 37 CIA; art.12 y 13 CDN), al libre desarrollo de la personalidad (art. 37 CIA; art. 12-15 CDN), a la identidad (art. 25 CIA; art. 8 CDN), a la recreación y participación en la vida cultural (art. 30 y 31 CIA; art. 31 CDN) y al contenido del artículo 30 de la CDN, según el cual cada niño tiene el derecho "a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma".

Por su parte, hay otros derechos que se pueden ver vulnerados con ciertas tradiciones culturales típicas de algunas regiones. Por ejemplo, en el caso de los concursos de belleza de niñas, se podría ver una violación al artículo 34 de la CDN porque no se están protegiendo contra abusos y explotación sexual. En este sentido, se contrarían los derechos y libertades consagrados en los artículos 18 a 37 del CIA, entre los que se destacan los derechos de protección, el derecho a la intimidad y las libertades fundamentales. Es decir, este tipo de certámenes hace que las niñas sean más vulnerables a abusos y explotaciones, al estar expuestas a miradas y comentarios de todo tipo, especialmente cuando hay bebidas alcohólicas de por medio. Entonces, si bien no se puede afirmar que los concursos de belleza aumenten la explotación sexual y los abusos a las menores de edad, sí es posible decir que dejan de protegerlas, al estar completamente expuestas a miradas y comentarios.

Es importante, para regular esos casos críticos donde la participación de los NNA en la vida cultural riñe con sus derechos más importantes, asumir una actitud propedéutica, es decir, una actitud propositivo-educativa, que prefiera la vía de la construcción y no de la sanción. El mundo de la infancia debe ser un mundo de encuentro y no de sanciones. No vemos con buenos ojos que los gobiernos en general, so pena de hacer Infancia y Adolescencia, amenacen como en este caso con la pérdida de la patria potestad de los padres que autorizaron la participación de sus hijas en el reinado. Entonces, no puede haber un elemento de venganza o retaliación social en contra de los padres. Desde esa perspectiva, se requiere educar a la comunidad para encontrar canales de participación y creación artística de los NNA, como concursos de danzas, bailes, canciones. Donde los NNA tengan acceso a la visibilidad social dentro del grupo, sin que eso signifique la exposición a los adultos con patrocinadores como licoreras.


Combatiendo el tráfico de niños, niñas y adolescentes

Aunque el tráfico de menores de edad es una práctica que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, el pasado mes de octubre fueron constantes las noticias acerca de redes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA, en adelante). A lo largo del mes, se descubrieron y desarticularon redes localizadas en diferentes regiones del país, pero el escándalo estalló cuando una reina de belleza de Cartagena se vio implicada en la red nacional más grande. “Ninguna de estas redes tenía relaciones entre ellas, son todas pequeñas, flexibles, sin grandes cabecillas, lo que dificulta detectarlas. Pero todas compartían modus operandi similares. En Cartagena, la banda era presuntamente liderada por la exaspirante a reina popular Kelly Johana Suárez. Esta morena despampanante de tan solo 18 años atraía a muchas jóvenes a través de su agencia Stage Models Caribe con la promesa de lanzarlas al estrellato. Una clásica modalidad de engaño” (Semana, 2014).

La operación que llevó a que la red más grande fuera desarticulada estuvo liderada por agentes de la Policía Nacional y por un ex agente de la CIA, Timothy Ballard, quien es el fundador de la ONG Underground Railroad (OUR), dedicada a combatir la pedofilia. Los miembros de la ONG se hacen pasar por turistas clientes de estas redes, para armar operativos y de esta manera atrapar a los delincuentes. En el caso de las Islas del Rosario, Ballard negoció con los traficantes durante meses para finalmente organizar una gran fiesta, la cual parecía una piñata para una niña, con el fin de que nadie sospechara la llegada de tantos menores de edad. La casa en la que se realizó dicha fiesta fue adecuada con cámaras y micrófonos para recolectar evidencia, mientras que afuera estaban escondidos agentes del CTI. Con una señal, entraron todos los agentes, hicieron que se lanzaran al piso y arrestaron a los presuntos implicados, incluyendo a los agentes encubiertos.

Con esta noticia, salen a la luz los principios básicos de la doctrina de protección integral, mostrando cómo funcionan en la práctica y dando una idea de lo que le hace falta a la sociedad para que funcionen efectivamente. Con la pedofilia se vulneran derechos de los NNA, entre los cuales se encuentran, el derecho a la vida –que comprende el derecho a la calidad de vida y a un ambiente sano–, el derecho a la integridad personal, los derechos de protección consagrados en el artículo 20 del Código de la Infancia y la Adolescencia, el derecho a la libertad y seguridad personal, muy probablemente el derecho a tener una familia y no ser separado de ella, derecho a la salud, el derecho a la intimidad, entre otros. Así mismo, se ven vulneradas las libertades fundamentales, consagradas como derechos fundamentales en la Constitución Política de Colombia y como derechos especiales de los NNA en el artículo 37 del mismo Código. 

Por esta razón, es esencial que la sociedad, la familia y el Estado cumplan con sus respectivas obligaciones alrededor de la infancia y la adolescencia, para evitar que más NNA caigan en estas redes, apoyen los esfuerzos de desarticulación y que no se involucren en el tráfico de menores de edad. Los tres actores deben proceder conforme al principio de corresponsabilidad, que fue lo que sucedió con el operativo descrito previamente. “Así es como Colombia se convirtió en un líder en la lucha contra la pedofilia y a principios de noviembre se convertirá en el primer país latinoamericano en entrar al Virtual Global Taskforce, una especie de Interpol contra los crímenes sexuales virtuales. Pero este combate tiene que ir mucho más allá, pues depende de toda la sociedad que Colombia no se convierta en un paraíso de sexo infantil” (Semana, 2014).

Adicionalmente, se debe tener siempre presente el interés superior de los NNA. Se podría llegar a cuestionar la forma en que fue desarrollado el operativo teniendo en consideración el impacto que pudo haber generado en los niños que se encontraban presentes en la fiesta. Para saber esto, se debe tener como norte el principio del interés superior, para realizar un juicio de proporcionalidad y determinar qué tan lesivo es realmente, teniendo en cuenta los beneficios obtenidos con desarticular una red de tráfico y explotación infantiles. Aquí pues, es necesario analizar uno por uno los criterios desarrollados por la Corte Constitucional (sentencia T-510 de 2003), los cuales son: (i) garantía del desarrollo integral del menor; (ii) garantía de las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor; (iii) protección del menor frente a riesgos prohibidos; (iv) equilibrio con los derechos de los padres; (v) provisión de un ambiente familiar apto para el desarrollo del menor, y (vi) necesidad de razones poderosas que justifiquen la intervención del Estado en las relaciones paterno/materno – filiales. Cabe aclarar que cada uno de estos elementos debe ser analizado teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla la intervención del Estado.


De la mujer al niño: sujetos invisibles en la sociedad

El miércoles de la semana pasada en Pakistán, una mujer fue lapidada por su familia debido a que se casó con un hombre que no era el que había sido concertado por sus padres. Sucedió en frente a un Tribunal en la ciudad Lahore, cuando la mujer Farzana Parveen llegaba a declarar que había contraído matrimonio porque así lo deseaba, y no había sido de manera coaccionada ni porque hubiera sido secuestrada, como afirmaba su familia. Los primos y los hermanos de la mujer la golpearon con palos y ladrillos hasta matarla, sin importar su estado de embarazo. De acuerdo con lo que afirmaron, fue un delito de honor, pues Farzana Parveen deshonró a su familia al casarse con alguien que ella eligió. Según BBC Mundo, cientos de mujeres mueren al año en Pakistán como consecuencia de "homicidios de honor".

Por su parte, hay legislaciones que consagran los crímenes de honor con penas similares a los actos homosexuales, adulterio o blasfemia contra el Islam. Este es el caso de Brunei, que acaba de adoptar un nuevo código penal donde se incluyen varias condenas de carácter corporal para quienes cometan actos como los mencionados. De acuerdo con Amnistía Internacional, estas penas van en contravía de derechos humanos como la libertad de expresión y los derechos de la mujer.

 

Por las mismas fechas de los hechos que se relatan, dos adolescentes de 12 y 14 años fueron violadas y asesinadas en el estado de Uttar Pradesh en el norte de India. Así mismo, del otro lado del mundo, el martes de la semana pasada una niña sufrió el mismo ataque en Antioquia, Colombia.

Dado lo anterior, desde una perspectiva de lo familiar y de NNA*, es claro que aquí se ven comprometidos principios que los afectan, junto con sus familias. La violencia contra la mujer y esta clase de crímenes demuestran que aún existen países en donde la mujer sigue sometida al hombre, y si esto es así, ¿cómo esperar entonces que los NNA sean tratados como sujetos plenos de derechos? Como se expresa en la Gaceta Constitucional número 85 del 29 de mayo de 1991, "en los países menos desarrollados, el niño continúa siendo el más débil y vulnerable miembro de la comunidad, objeto de malos tratos y desatenciones, a pesar de ser él quien encarne la conservación de la especie".

Así las cosas, se crea un círculo perverso, en donde la inferioridad de la mujer respecto del hombre, determina a su vez la suerte de los NNA, que son percibidos entonces como los más débiles de los débiles. Así, si el niño es visto como sujeto inferior, débil y por tanto susceptible de malos tratos, los principios consagrados en la legislación de infancia y adolescencia no dejarán de ser simple retórica. En este sentido, el principio de Corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad no será viable, pues la sociedad misma no podrá hacerlo efectivo. Por ejemplo, en el caso relatado de la mujer pakistaní, ni los transeúntes ni la misma policía impidieron estos hechos que finalmente acabaron con la vida de una mujer en estado de embarazo.

Todo lo planteado demuestra que los NNA siguen siendo invisibles para la sociedad, por lo que es necesario rescatar su visibilidad a través de políticas públicas que obedezcan a los principios consagrados en las normas internacionales. Lo anterior será una mera utopía hasta tanto no se logre una igualdad efectiva entre el hombre y la mujer que traiga consigo la visibilidad de los NNA haciendo cierta la legislación internacional a lo que tantos países se han comprometido.

*NNA: Niños, Niñas y Adolescentes


Fundación, Magdalena

La tragedia sucedida el pasado domingo 18 de mayo conmocionó al país entero, pues llevó a que se declarara luto nacional por tres días. La Cátedra Ciro Angarita lamenta profundamente estos hechos y expresa su consternación sobre la dimensión de la situación. Los hechos ocurrieron en Fundación, en el departamento de Magdalena: alrededor de 50 niños iban en un bus de regreso a sus casas después de pasar toda la mañana en la Iglesia Pentecostal, cuando se incendió el vehículo. De acuerdo con los medios, los adultos sabían sobre la existencia de una fuga de gasolina en el carburador, pero decidieron realizar el trayecto de cinco horas de todas maneras. Esto, sumado a la reacción del conductor al apagarse el –vertió gasolina en el carburador– constituyen la posible causa del incendio. Lo anterior se empeoró con la cantidad de niños que superaba la capacidad del vehículo, viéndose agravado porque sólo iban con dos adultos, el pastor y el conductor del bus. Adicionalmente, los dos adultos salieron corriendo cuando vieron que el bus se prendió en llamas, por lo que no ayudaron a todos los niños a salir de éste; y los bomberos llegaron al lugar de los hechos 20 minutos después del acontecimiento, pudiendo haberlo hecho en menos tiempo. Todo esto causó la muerte de 33 niños entre los 2 y los 12 años de edad. Después de hacer la investigación correspondiente, se ha encontrado que el bus no tenía los papeles en orden, pues no tenía licencias para transitar desde 2012 y el conductor no tenía licencia de conducción. El supuesto propietario del bus ha dicho que sacaron el bus sin su permiso, y que él es solamente el administrador. Algunas versiones especulan que el vehículo también llevaba gasolina de contrabando, comercio ilícito frecuente en la zona y que ya había causado algunos accidentes. Los niños sobrevivientes fueron trasladados a hospitales de Santa Marta y Ciénaga, pues el de Fundación no cuenta con la capacidad suficiente para una tragedia de semejante magnitud.

Han encontrado como posibles responsables al pastor que contrató el servicio y al conductor del vehículo. Fueron acusados por el delito de homicidio con dolo eventual en concurso homogéneo y les fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario. No aceptaron cargos y declararon que se encontraban muy consternados por lo que había sucedido, que en ningún momento desearon que esto pasara, aunque ambos conocían el estado deplorable en el que se encontraba el vehículo. De acuerdo con los medios, se dice que los sindicados podrían estar frente a una pena de prisión de alrededor de 40 años. Los abogados defensores afirman que tratarán de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para que no obtengan la pena máxima de 60 años. Es claro que el conductor –y se podría afirmar que el supuesto dueño del bus también– violaron leyes de tránsito, al no tener la licencia de conducción y no tener al día los papeles y revisiones necesarias para poder transitar. Además, tanto el pastor como el conductor permitieron el sobrecupo de niños y fomentaron el comercio ilegal de gasolina. Por otro lado, los responsables violaron su deber objetivo de cuidado, que se generó a partir de la situación de llevar menores de edad, quienes son sujetos de especial protección. Por esta razón, no debieron haber transportado tantos niños en un bus, menos con una cantidad insuficiente de adultos que pudieran hacerse cargo de ellos y mucho menos transportando gasolina también. Adicionalmente, este deber fue violado al no quedarse a socorrer a los niños en medio de la tragedia, en vez de salir corriendo a ver si ellos se podían salvar. Al ser individuos de especial protección, las demás personas tenemos una obligación especial de ayudar a los niños en estas situaciones, tratando de salvarles la vida antes que a nosotros mismos.

Mientras se decide sobre los cargos de los acusados, las familias de los niños víctimas consideran demandar al Estado por negligencia. La Defensoría del Pueblo asesorará a estas familias para determinar cuáles entidades estatales "omitieron cumplir con sus funciones de control al transporte público de pasajeros". De acuerdo con el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora, el Estado mismo tiene que hacer cumplir ciertas leyes, para que los ciudadanos las cumplan. Si no hay un control efectivo de las auotridades, es viable esperar que los ciudadanos incumplan las normas. El incumplimiento en este caso hace referencia a: el sobrecupo, la ausencia de licencias pertinentes y el hecho de que solo dos adultos acompañaran a tantos menores de edad.

Para concluir, en primer lugar, es preciso señalar que la información suministrada por los medios no es del todo confiable, pues no hay consistencia ni claridad sobre algunos detalles como el número de niños que se encontraba en el vehículo o a cuántos años de prisión se enfrentan los acusados. En segundo lugar, todo el ruido que se hizo en las redes sociales y en los medios de comunicación a lo largo de la semana cesó de un momento para otro; a finales de la semana no tuvimos muchas más noticias sobre lo que sucedió después. Conocimos el caso de otro niño más que murió, pero ¿y las familias de los niños? ¿Qué va a hacer el Estado para evitar que tragedias como esta vuelvan a suceder? Deja mucho que desear que se crea que con dinero –el Estado hizo un aporte de 200 millones de pesos– y un luto nacional se soluciona el problema, cuando claramente va más allá de un incidente independiente. Se trata de un problema que sucede en todo el país y con más frecuencia de lo esperado: tras hacer una revisión de 15 buses en Fundación, se encontró que 11 no superaban las pruebas de revisión técnico-mecánica. En Ocaña, en el Norte de Santander, se detuvo un bus que también transportaba niños y se encontró que tampoco tenía los papeles al día. Se hará seguimiento de la noticia, para ver finalmente quiénes terminan siendo responsables –si el Estado y la alcaldesa de Fundación también– y qué más medidas va a tomar el Estado para que eventos como éste no vuelvan a suceder.


Conferencia Internacional CPC: Explorando nuevas prácticas, metodologías y recomendaciones de política para la inclusión social de niños, niñas y adolescentes vulnerables en Colombia

La Cátedra por la Infancia y la Adolescencia Ciro Angarita quiere felicitar a la Escuela de Gobierno y a la Fundación CRAN por la Conferencia Internacional CPC, llevada a cabo el pasado lunes 5 de mayo de 2014, en la Universidad de los Andes. Esta conferencia fue organizada por el Chil Protection in Crisis Network (CPC), La Fundación CRAN, la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y el Instituto de Estudios Humanitarios. Esta conferencia buscaba reunir a diferentes tipos de expertos que trabajan alrededor del tema de la infancia y la adolescencia, con el fin de generar colaboración multidisciplinaria para de esta forma determinar prioridades de aprendizaje y desarrollo de iniciativas donde los esfuerzos provenientes de las diferentes disciplinas se utilicen conjuntamente y de manera adecuada. A continuación, se busca dar un panorama general de lo que fue esta conferencia, con algunas de sus ideas principales y participantes.

La jornada comenzó con el discurso del director de la Escuela de Gobierno el Doctor Carlos Caballero Argaez, quien presentó la importancia de la conferencia y de los espacios de este tipo para fomentar el desarrollo de diferentes producciones de diversa índole, y de esta manera contribuir al desarrollo de la infancia y la adolescencia en nuestro país. En el discurso introdujo ideas del científico colombiano Rodolfo Llinás, así como su posición al respecto. Por último, discutió la importancia que tiene el Estado en la protección de niños, niñas y adolescentes, pues puede lograr un mayor cubrimiento de estos sujetos de especial protección, para que desarrollen plenamente todo su potencial como seres humanos. En seguida, Amy Ritterbusch dio su bienvenida al evento, haciendo especial énfasis en la importancia de explorar nuevas prácticas, metodologías y políticas en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por medio de este discurso, recalcó la necesidad de la participación de estos sujetos como personas, y no como personas en potencia, en la creación de políticas públicas. Es esencial que los niños, niñas y adolescentes tengan una voz en aquello que los va a afectar, que los implica e impacta directamente. El tercer discurso de apertura fue el de Mark Canavera, el director de Child Protection in Crisis Network. Comenzó haciendo las preguntas que orientan las actuaciones de esta organización, las cuales incluyen: ¿Qué políticas y prácticas funcionan? ¿Cuáles sirven para el mejor desarrollo de los niños? ¿Cómo podemos invertir en la infancia? ¿Cómo podemos reducir violencia y explotación? Hizo especial énfasis en la existencia de tres actores: los representantes del gobierno, los que proveen servicios y los académicos e investigadores; y recalcó que hay que hacer que los actores trabajen juntos.

A continuación, el doctor Neil Boothsby dio el primer Keynote Speech, llamado "Investing in Children Globally" (Invirtiendo en niños y niñas globalmente). Presentó la importancia de un desarrollo saludable en los primeros años de la vida de un ser humano, como requisito para el bienestar, la productividad económica y sociedades armónicas. También recalcó que para esto es esencial desarrollar de manera adecuada la estructura y arquitectura del cerebro. A partir de esta idea central, dio elementos para entender que el estrés hay que mantenerlo en niveles adecuados, pues de lo contrario se vuelve tóxico, lo cual modifica la estructura del cerebro y no permite un buen desarrollo. En la primera infancia esto es especialmente importante, pues es cuando la arquitectura del cerebro se está iniciando. La crianza de los niños y niñas tiene efectos positivos en la reducción de este estrés tóxico, mientras que la falta de nutrición, seguridad social y demás, hace que los niños y niñas empiecen a sufrir niveles de estrés tóxico que no son saludables para su desarrollo y bienestar general el resto de sus vidas. Puede encontrar esta conferencia aquí

En seguida, se pasó al primer panel de trabajo, en el cual se discutió la protección infantil en Colombia, bajo la pregunta central de ¿cómo cerrar la brecha entre el marco institucional y la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes? A partir de esta pregunta, se presentaron las investigaciones de Paula Andrea Ila (Centro Nacional de Memoria Histórica), Carolina Bermúdez Olaya (Observatorio del Bienestar de la Niñez – ICBF) y Henry Díaz (consultor de la Fundación Plan y Alianza por la Niñez). La comentarista fue Gilma Liliana Ballesteros (candidata a doctorado en Estudios para la Paz). A continuación, el segundo panel se discutió la inequidad en la calidad educativa en un contexto de pobreza y violencia, buscando hacer un diagnóstico y alternativas de política. Esta segunda sesión fue guiada por la pregunta: ¿En dónde están las inequidades más grandes y cuáles deben ser las prioridades para las intervenciones? En este panel intervinieron Darío Maldonado (Universidad del Rosario), Ángela María Robledo (Representante a la Cámara del Partido Alianza Verde) y Mauricio Duque (Universidad de los Andes: Programa de Educación Rural). La comentarista fue Sandra García de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

Después de un receso para almorzar, se continuó con el tercer panel, en el cual se discutió sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes en un marco de conflicto armado y pobreza extrema, es decir, en un marco de adversidad extrema. Esta sesión buscaba responder a las preguntas de ¿cómo afecta el conflicto armado a los niños, las niñas y los adolescentes colombianos? y ¿qué retos futuros enfrentan las instituciones de protección infantil? Las intervenciones para este propósito fueron las de Arturo Harker (Universidad de los Andes), Natalia Springer (autora del libro "Como corderos entre lobos") y Rodrigo Sepúlveda (Observatorio del Bienestar de la Niñez). El comentarista invitado fue Álvaro Villegas, de la Fundación CRAN. El último panel trató el tema de investigación acción participativa con niños, niñas y adolescentes vulnerables en zonas urbanas. Lo anterior a través de las preguntas de ¿cómo incluir a los NNA en la investigación académica sobre sus vidas? y ¿cómo se relaciona esta inclusión con la garantía de los derechos? Las preguntas fueron llenadas de contenido por Amy Ritterbusch (Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes), Paula Valencia y Nora Vargas (Universidad de Medellín) y por los testimonios de niños y niñas habitantes de zonas de alta peligrosidad en Bogotá. El comentarista fue Javier Pérez Burgos.

Luego de estas cuatro sesiones, Álvaro Villegas, en nombre de la Fundación CRAN, dio unas palabras de agradecimiento y de cierre del evento. Entonces, Josh Chaffin, de CPC, realizó el Kewnote Speech de cierre: "Chils-level Impacts of Economic Strengthening: What's the Evidence?" En general, este conferencista trató los impactos de los diferentes programas económicos de apoyo tanto a familias como a niños, niñas y adolescentes. Consideró los resultados positivos de los programas dirigidos a cuidadores de niños y niñas y de los enfocados en la ayuda dada a los niños, niñas y adolescentes mismos. Afirma que es muy difícil encontrar estos resultados, pues uno de los retos es que no se sabe qué sucede con los aportes económicos una vez entran en la economía familiar. También comentó la existencia de unos resultados que son negativos pero que no son intencionales, sino que suceden por diferentes factores externos difíciles de controlar.


 

"Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria"

El pasado 29 de abril de 2014, la ONG Tierra de Hombres y UNICEF, con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) de la Embajada Suiza, presentaron las "Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria" en Colombia. Las normas fueron desarrolladas teniendo en cuenta los datos oficiales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, de acuerdo con los cuales aproximadamente la mitad de los desplazados registrados en lo transcurrido del año tienen menos de 18 años. Fueron realizadas por el Grupo de Trabajo Global para la Protección de la Infancia (CPWG, con siglas en inglés), el foro en el que se coordina la protección de la infancia en situaciones humanitarias. Las normas fueron pensadas para ser útiles para los que trabajan en protección de la niñez o en áreas de acción humanitaria, así como a los que trabajan en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial de la Nación.

De acuerdo con el representante de UNICEF en Colombia, Roberto de Bernardi, "muchas veces no somos conscientes de la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia física, la violencia sexual, el reclutamiento por parte de grupos armados". Por esta razón, el grupo de trabajo consideró necesario realizar estas normas, para así orientar la acción tanto estatal como particular en materia de conflicto armado y de acción humanitaria. Es importante resaltar, que si bien no constituyen normas vinculantes que obliguen al país, sí forman parte del soft law del derecho internacional, el cual debe servir para guiar las actuaciones de los Estados, en la creación de legislación y políticas públicas dirigidas a traer este derecho e incorporarlo en el nuestro. No hay sanciones por no cumplir las normas, pues es muy difícil cumplirlas siempre, de acuerdo con el mismo documento. 

Como lo expuso la noticia publicada por UNICEF el 29 de abril, una de las finalidades de estas normas es "establecer principios comunes para los que trabajan en el área de protección de la niñez para fortalecer la coordinación entre ellos, de la misma manera que serán beneficiosas para mejorar la rendición de cuentas en el trabajo de la infancia y estos son los motivos que nos impulsan como Agencia de Cooperación del Gobierno suizo a apoyar esta importante iniciativa", según Martin Jaggi, el Director de la Cooperación de COSUDE entre Colombia y la Embajada Suiza. Otros de los objetivos o fines consisten en mejorar la calidad de la programación de la protección de los niños, niñas y adolescentes, mejorar la rendición de cuentas en la materia, definir con más precisión el campo profesional de protección de la niñez, proporcionar una síntesis de prácticas y lecciones aprendidas y, por último, facilitar una mejor abogacía y comunicación sobre los riesgos, necesidades y respuestas de protección de la niñez.

En este orden de ideas, la importancia de estas normas radica en reforzar la protección de la infancia en las situaciones humanitarias. El documento comienza definiendo algunos conceptos, como la protección de la niñez y crisis o situación humanitaria, para hacer una introducción y contextualización de las normas. A partir de exponer la finalidad de las normas, a quiénes están dirigidas, qué contienen, cómo se desarrollan y cómo se integran a situaciones humanitarias, se describe cada uno de los principios que las rigen. Luego, pasa a exponer cada una de las normas por temas que regula y por los fines perseguidos, dentro del fin general ya comentado. Cada una de las normas expone un instrumento legal internacional que regula el asunto, como responsabilidad de los Estados de proteger a sus ciudadanos, con especial énfasis en la protección que el Estado debe brindar a los menores, como sujetos de especial protección. En el mismo sentido, cada norma incluye acciones clave, mediciones –con sus respectivos indicadores y metas– y notas de orientación. Además, incluye formas en que las normas pueden ser utilizadas, de acuerdo con el aspecto que trabajan y quiénes están facultados para intervenir en determinado área, dependiendo de qué hacen y cuál es su ámbito de experiencia.

Es importante tener en cuenta este tipo de documentos por varias razones. Si bien no es una ley que el Estado debe cumplir, sí es importante porque a partir de estudios realizados en la materia se reconocieron los problemas existentes con respecto al tema. En primer lugar, es una guía que el Estado puede tomar en cuenta como un plan de acción para evitar un futuro incumplimiento de un instrumento internacional, por ejemplo, en materia de Derechos Humanos. Adicionalmente, seguir estas normas trae beneficios para Colombia en materia de Estados donantes para el desarrollo del país, por ejemplo, en cuanto a los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes, lo cual es esencial para que el Estado prospere en todos los ámbitos. Esto, por cuanto hay escasez de recursos que los donantes, como es Suiza, nos pueden proporcionar. De esta manera, seguir las normas propuestas ayuda con la imagen internacional de Colombia.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que es muy difícil saber qué tipo de intervenciones y qué tipo de medidas son adecuados para la protección de la niñez, en especial en un país de constante conflicto como Colombia. Estas normas son desarrolladas por expertos con base en datos obtenidos por otro grupo de expertos, por lo cual se fundan en la experiencia y en los conocimientos especializados de los profesionales que trabajan actualmente en el sector.

Para conocer más sobre cada una de las normas y sus finalidades, consulte el documento expedido el 29 de abril de 2014 aquí.


Adopción: ¿medida "principal y por excelencia"?

La figura de la adopción en Colombia ha ido evolucionando y transformándose a lo largo de la historia. Con el Código del Menor de 1989 se le dio una importancia como medida de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes por excelencia, prevalente sobre cualquier otra. A partir de la vigencia del Código de la Infancia y la Adolescencia de 2006, se ha tratado de dar prioridad a otras medidas de restablecimiento de derechos, teniendo en cuenta la importancia de la unidad familiar para el desarrollo integral de los menores de dieciocho años. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tratado de fortalecer esta idea, con el fin de que los niños, niñas y adolescentes no sean separados de sus familias si no es estrictamente necesario. Una de estas sentencias es la T-844 de 2011, la cual ha sido una de las que más influencia ha logrado tener en materia de regulación de las medidas de restablecimiento de derechos.

La sentencia T-844 del 8 de noviembre de 2011 marca un punto trascendental en la historia de la adopción en Colombia, pues resalta lo traumático de la medida y recuerda a los funcionarios del Estado las diferentes alternativas de medidas de restablecimiento de derechos. Dicha jurisprudencia analiza la situación de una niña que fue reubicada varias veces dentro de su familia, hasta que fue llevada por una tía abuela al sistema de adopciones. A partir de entonces, fue reubicada en diferentes hogares sustitutos en los que no se adaptó, y fue adoptada por una familia, a la que tampoco se acomodó adecuadamente. Volvió con la familia y después de un tiempo fue reintegrada al ICBF.

En primer lugar, la Corte analiza la figura de la agencia oficiosa y la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela. Todas las personas tienen posibilidad de interponer acción de tutela por ellas mismas o por otros. Es deber de todos los individuos de la sociedad actuar como agentes oficiosos de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, la Corporación reitera la posición de la doctrina constitucional relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela.

En tercer lugar, la Corte examina la posición constitucional frente al derecho fundamental a preservar la unidad familiar y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y permanecer en ella, consagrados ambos en el artículo 44 de la Constitución de Colombia como derechos fundamentales. Según el primero de estos derechos, "la familia no puede ser desvertebrada en su unidad ni por la sociedad ni por el Estado, sin justa causa fundada en graves motivos de orden público y en atención al bien común y sin el consentimiento de las personas que la integran, caso en el cual dicho consenso debe ser conforme al derecho" (Sentencia T-447 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo).

El segundo de los derechos analizados, esto es, el de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y no ser separados de ella, cuenta con garantías constitucionales que refuerzan la obligación de preservarlo. Según la Corte en la sentencia en cuestión, tres de estas garantías son: la consagración de la familia como institución básica de la sociedad (arts. 5 y 42 C.N.), la prohibición de molestar a las personas en su familia (art. 28 C.N.) y la protección de la intimidad familiar (art. 15 C.N.). A través del derecho a tener una familia, los niños, niñas y adolescentes hacen efectivos otros derechos, como la educación, el cuidado y la salud, que permiten su adecuado desarrollo. De esta manera, si el derecho a pertenecer a una familia y a no ser separado de ella es violado, simultáneamente se violan más derechos, impidiendo el cabal desarrollo del niño, niña o adolescente.

Adicionalmente, se trae a colación el principio del interés superior de los menores de dieciocho años, como sustento de la calidad de sujetos de especial protección constitucional de los niños, niñas y adolescentes. El Código de la Infancia y la Adolescencia lo define como "el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes" (art. 8º CIA).

La declaratoria del estado de adoptabilidad es la medida más drástica prevista tanto por el Código del Menor derogado como por el actual Código de la Infancia y la Adolescencia, obligando al Estado a observar un serie de requisitos que le permitan tener certeza de que definitivamente quien tuviere a cargo al niño, niña o adolescente no puede asumir su cuidado ni asegurar que sus derechos sean restablecidos. Los funcionarios administrativos deben adecuar sus conductas estrictamente la Constitución y en especial al derecho fundamental al debido proceso y a la prevalencia de la unidad familiar.

Si bien la adopción es definida como la medida de protección principal y por excelencia, esto no quiere decir que deba ser la que prime cuando un niño, niña o adolescente es declarado en estado de abandono o peligro. Entonces, los funcionarios encargados de la decisión no deben afectar la unidad familiar si no existen razones válidas para hacerlo, teniendo en cuenta que es muy importante la rigurosidad en el procedimiento administrativo especial que declara la adoptabilidad de un menor de dieciocho años, así como en el judicial que decreta la adopción. Con la adopción, se da un rompimiento con la familia de origen, el cual implica un cambio en el estado civil, al imponerse por la ley el parentesco civil entre el adoptado y la familia adoptante. Por esa razón, la adopción es irrevocable.

El trabajo que hace la sentencia T-844 de 2011 es el de recordar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a los jueces de familia la existencia de otras alternativas que pueden ser mejores medidas de restablecimiento de derechos. Las autoridades públicas se deben abstener de adoptar medidas que impliquen violar la unidad familiar. Para esto, el ICBF cuenta con programas sociales como soluciones y medidas de protección alternativas, que no implican la separación de las familias. Una de estas medidas alternativas es aquella consagrada en el artículo 56 del Código de la Infancia y la Adolescencia: la ubicación en familia de origen o familia extensa, cuando ofrezcan las condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La importancia de la sentencia además radica en el Protocolo que tuvo como resultado, pues son directrices que no habían sido vistas con anterioridad. También es fundamental el principio de proporcionalidad, reiterado mucho por la jurisprudencia nacional, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia. Las medidas de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes no pueden vulnerar más sus derechos, razón por la cual la decisión de cuál medida es la que se decreta debe estar plenamente justificada, examinada y verificada con rigurosidad. La familia biológica por regla general es apta para cumplir con las obligaciones básicas en relación con los niños, niñas y adolescentes, lo que se conoce como la presunción a favor de la familia biológica. Sin embargo, si las autoridades competentes llegaren a encontrar que la familia no es apta, pueden proceder a tomar medidas que separen a los menores de ésta, como último recurso. La adopción debe ser considerada como el último recurso, debido al traumatismo que genera la separación de la familia de origen.

No obstante lo anterior, sí es importante encontrar medidas más rápidas que agilicen las soluciones que se le deben dar a cada caso concreto, pues si son muy demorados los procesos se les continúan vulnerando los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Las medidas de restablecimiento de derechos implican una separación del menor de su familia de origen, así sea temporal. Debido a que es muy demorado buscar a toda la familia extensa, hasta los parientes del artículo 61 del Código Civil, el derecho del menor a tener una familia y no ser separado de ella es vulnerado por mucho tiempo, en vez de ser restablecido en un plazo razonable. Se debe actuar con mayor cautela al tratarse de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, para que puedan ser restablecidos de la mejor manera posible. En consonancia con el interés superior del menor es necesario que se dé prioridad a la protección de sus derechos y no a los trámites y procesos administrativos, razón por la cual la decisión de la medida que se va a tomar debe ser hecha con mayor agilidad. Los principios de protección integral, interés superior del menor, prevalencia de sus derechos, corresponsabilidad y proporcionalidad siempre deben guiar las actuaciones del Estado cuando se habla de restablecimiento de derechos.

Sentencia T-844 de 2011



Homenaje al Doctor Carlos Enrique Tejeiro López y a la Cátedra por la Infancia y Adolescencia Ciro Angarita

El pasado 19 de marzo de 2014 la Universidad de los Andes homenajeó al Doctor Carlos Enrique Tejeiro López por sus 18 años como profesor asociado de la Facultad de Derecho de la misma institución. Así mismo, el homenaje iba dirigido a la Cátedra Ciro Angarita Barón para la Infancia y la Adolescencia. La decana de la Facutlad de Derecho –la Doctora Helena Alviar García–, la profesora Faridy Jiménez y Luisa María Acevedo -en representación de los estudiantes- dieron tres discursos acerca de las calidades humanas del profesor Tejeiro, que lo han llevado a ser reconocido tanto al interior de la Universidad de los Andes como en toda la academia colombiana y latinoamericana.

Este homenaje nos llevó a recordar la importancia de la Cátedra y de su labor en cuanto al discurso de la infancia y adolescencia. Como se describe en la misión y la visión de la Cátedra, la tarea de participar activamente en los debates en torno a la infancia y adolescencia es muy importante, teniendo en cuenta que los niños y los adolescentes constituyen un componente esencial en la construcción de la democracia. El profesor Tejeiro, al transmitir el legado del maestro Ciro Angarita Barón, ha logrado reformar el pensamiento acerca de la Infancia y Adolescencia en Colombia, demostrando la necesidad de ampliar el discurso más allá de lo legal, para incluir diversas nociones interdisciplinarias que son claves para la protección integral del menor en el contexto de nuestro país. Los tres discursos reconocieron el papel fundamental que ha jugado la Cátedra y las actividades que ha desarrollado y en las que ha participado, así como el de su fundador, para ampliar el rol de la infancia y la adolescencia en nuestra sociedad. 

Fotos del evento

Discursos 



"No hay medidas mágicas para reducir los delitos de adolescentes"

 ENTREVISTA CON LA REVISTA SEMANA

 

Carlos Enrique Tejeiro, coordinador de la cátedra de Infancia y adolescencia de la Universidad de los Andes, explica por qué subir los años de reclusión para los menores de edad no resuelve el problema de la delincuencia juvenil.

La propuesta de castigar a los adolescentes y jóvenes que cometan delitos graves con penas altas de reclusión, hecha por la Senadora Gilma Jiménez, no ha caído muy bien entre los especialistas que ayudaron a confeccionar el Código de Infancia y Adolescencia que entró en vigor hace cuatro años. ¿La razón? Desde el punto de vista de organizaciones como la Alianza por la niñez colombiana, el proyecto de Jiménez contradice postulados de convenios internacionales suscritos por Colombia.

Además echaría por tierras las garantías que tienen los adolescentes y los jóvenes, pues el sistema penal para ellos no está pensado para “castigar con prisión”, sino para garantizar la reeducación y darle una segunda oportunidad a quienes cometan delitos entre los 14 y los 18 años. Este trato contempla la privación de la libertad, pero con acompañamiento pedagógico y sicológico. 

Sin embargo, el índice de comisión de delitos por adolescentes ha aumentado, lo cual ha encendido las alarmas. Este martes, varias de las organizaciones que han observado el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, es decir, toda la normatividad que rige a este grupo de la población, se reunirán para evaluar el problema. 

A propósito del debate, entre quienes proponen el establecimiento de castigos para jóvenes que cometan delitos graves y quienes aducen que el problema no se resolverá de esa manera, Semana.com entrevistó al profesor de Derecho Carlos Enrique Tejeiro, actual Coordinador Cátedra por la Infancia y la Adolescencia de la Universidad de los Andes. 

Semana.com: ¿Cuál es la importancia de la participación de la academia en la discusión de cómo tratar los delitos cometidos por jóvenes y adolescentes? 

Carlos Enrique Tejeiro: La academia ha jugado un papel definitivo en la discusión de Infancia y adolescencia. Hacia 1987, Bienestar Familiar inició una discusión interna para redactar el código del menor en esa época, basado en un parámetro técnico que se llamaba la situación irregular de los “menores infractores”. Pero esa categoría ya no existe. La nueva categoría es “niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley”. 

Al país hay que informarle que un compendio de trabajos académicos dio lugar al actual Código de Infancia y Adolescencia. Desde esa perspectiva nos preocupa el proyecto presentado por la Senadora Gilma Jiménez, porque parte de unos presupuestos que no podemos compartir desde la academia. 

Nos preocupa mucho que diga que, cuando se trata de tomar decisiones, las discusiones académicas no sirven. Esa es una postura desobligante y creo que está desinformada. 

Semana.com: ¿Cuáles son sus críticas al proyecto de Jiménez? 

C.E.T: Lo primero es que incluye dentro de los objetivos del manejo penal de la infancia y adolescencia, una visión punitiva. Es decir, que sustituye la visión sociopedagógica que el Estado debe aplicar para tratar con los adolescentes en conflicto con la Ley, para invertirlo en el alzamiento de las penas. 

El artículo 140 del Código de Infancia establece que tanto el proceso de responsabilidad penal para adolescentes, como las medidas que se toman, deben ser “pedagógicos, específicos y diferenciales”. Pero el proyecto pretende adicionar una expresión que vemos con mucha preocupación: “y sancionatorio”. Así se invierte el eje socio pedagógico para convertirlo en un manejo penal igual al de los adultos. 

Semana.com: Pero según algunos expertos, el joven desde los 14 años tiene plena conciencia de sus actos… 

C.E.T.: Colombia suscribió la Convención Internacional de los derechos del niño, que es un pacto supranacional firmado por 86 países y rige el derecho interno. El tratamiento de los jóvenes y adolescentes que colisionen con la Ley tienen unos parámetros específicos, uno de ellos que a los niños no se les puede juzgar como adultos. De modo que cuando se dice que se les juzgará como adultos, se está violando la convención. Estados Unidos lo hace porque no tiene suscrita la convención. Para juzgar a los adolescentes como adultos, nos tocaría renunciar a la convención por un debate, que me temo que es más político que jurídico. 

Semana.com: ¿Cuáles serían los riesgos de cambiar el Código para establecer penas? 

C.E.T.: Esa inversión en el sistema es un retroceso académico que equivale a hacer tabla rasa de lo que se pidió con el Código de Infancia y Adolescencia. 

Semana.com: Pero, ¿cómo hacer para reducir las infracciones de los adolescentes? 

C.E.T.: Unos son los problemas políticos, otros los de orden público y otros los problemas estructurales de la infancia y la adolescencia. Esta propuesta confunde un tema de política criminal, con uno de infancia y adolescencia. Se proponen medidas de choque para resolver episodios dramáticos de delincuencia, pero alterando las garantías, como son las franjas de edad 14-16-18. 

Eso significa que la Ley deja de ser un marco teórico para manejar la infancia y la adolescencia para convertirse en uno política criminal. Sería un error confundir una cosa con la otra. 

Semana.com: ¿Ustedes han estudiado si las medidas de aumento de penas impactan significativamente la comisión de delitos de los adolescentes? 

C.E.T.: Esta discusión la tuvimos hace años cuando, por medio de un decreto de conmoción interior, el Gobierno pretendió reducir la edad de la imputación penal, de 18 a 16. Con el ICBF estudiamos cuáles serían los impactos. La experiencia internacional que advertimos en muchos países es que al bajar la franja, lo único que se consigue es sobrepoblar los centros de reclusión de menores. 

Semana.com: El proyecto de Jiménez incluye la expresión “resocialización” para el tratamiento de los adolescentes. ¿Qué diferencia hay con la “reeducación”? 

C.E.T.: Ese es otro aspecto que nos preocupa, que el proyecto habla de “resocialización de menores”. Los conceptos se refieren a tratamientos distintos. La resocialización es un término técnico para el trato de los adultos que cometen un delito. La reeducación presupone la reconstrucción de la ciudadanía, el restablecimiento de los derechos del adolescente. No se puede hacer tabla rasa de los derechos bagatelares de los juveniles para convertirlos en peligrosos delincuentes por su edad. Eso equivale a etiquetarlos. 

Semana.com: Desde la teoría suena ideal el sistema, pero, ¿cómo le explica uno a la sociedad, que es la que sufre, los problemas; como le explica que la forma de tratar a los adolescentes que cometen delitos no es el castigo? 

C.E.T.: A la sociedad hay que explicarle lo siguiente: todos queremos que el orden público se mantenga, y la tranquilidad ciudadana, como valores de la democracia. Pero las alteraciones de la paz tienen distintos orígenes. En este caso, tenemos un pico de violencia urbana en la Comuna 13 de Medellín. Pero los picos de violencia urbana no pueden manejarse bajando y subiendo los rangos de edad para quienes se aplican las leyes. La solución debe ser concertar unas medidas con la sociedad civil, por eso vimos con muy buenos ojos el concierto de Juanes la semana pasada, porque desde abajo se construye ciudadanía y podemos detener la acción de las bandas criminales. Pero una situación de orden público que viene desde hace muchos años, no la podemos conjurar mágicamente en 15 o 20 días. 

Semana.com: ¿De qué otras medidas se requieren para atacar el problema? 

C.E.T.: Es necesario fortalecer la punición contra los padres, es necesario llevar a los padres a la corresponsabilidad civil. Es necesario reclutar a los juveniles a la vida social y construir la cultura del ciudadano joven, en lo que nos hemos descuidado mucho. 

Semana.com: Hay críticas muy fuertes al Sistema de Responsabilidad Penal que maneja el ICBF. En su criterio, ¿cómo ha visto el papel de ese organismo? 

C.E.T.: La verdad sea dicha: con todo el aprecio que hay que tenerle, el instituto sigue con demasiadas funciones. Es fiscal, coautor, gestor, superintendente, coordinador, de toda la gestión del sistema El instituto no ha podido asumir la totalidad de las funciones que se le asignaron. En las discusiones del nuevo código fue muy difícil quitarle funciones para que sólo asumiera las importantes. El sistema no ha funcionado, hay que reconocerlo. 

Semana.com: ¿En qué otros aspectos, el sistema no ha funcionado? 

C.E.T.: Se ha deteriorado la red de atención a los adolescentes en conflicto, en lugar de mejorar. El presupuesto ICBF decrece, la especialización de los funcionarios decrece. 

Por ejemplo, una cosa es que un adolescente cometa un homicidio, que puede ser por muchas razones. Y otra es que el adolescente esté reclutado por los combos, que haya participado en las guerras urbanas y sea un soldado de las bandas. Ese es un soldado disciplinado en una carrera criminal. En ese caso hay que atender a la “reincidencia”, en eso ha fallado el sistema. 

El problema es cómo rescatar al joven de la reincidencia y para eso se requiere de presupuesto. En infancia y adolescencia no hay nada de corto plazo. La experiencia nos ha enseñado que la inversión es altamente costosa. Nosotros invertimos una cifra per cápita muy inferior a la de cualquier otro país. Y no hay medidas de choque mágicas o milagrosas, como pretender que la comisión de delitos atroces va a bajar por aumentar las penas. 

Semana.com: La iniciativa de Jiménez contempla pasarle funciones del ICBF al Ministerio del Interior, como la aplicación de las “sanciones”. ¿Usted qué opina de eso? 

C.E.T.: Es preocupante acercar al Inpec y al Ministerio del Interior al tratamiento de estas franjas de población en conflicto. Primero, porque desvirtúa la intervención socio pedagógica, que es una garantía para la infancia y la adolescencia. A los adolescentes y juveniles no se trata de alojarlos o confinarlos en sitios especializados, sino de administrar medidas. Además, yo quisiera ver el presupuesto y la infraestructura para crear sitios de reclusión como los que se proponen. 

Semana.com: Pero, entonces ¿qué hay que hacer? 

C.E.T.: Yo invitaría al Gobierno y a los legisladores a concertar las medidas, a hacer un alto en la manera como se diagnostica el problema, para que se discuta la política de choque y atender el problema específico de los picos de orden público, pero sin que eso signifique hacer tabla rasa de las garantías jurídicas que los adolescentes tienen. 

Es necesario sentar en la mesa al ICBF, a la Procuraduría, a la Fiscalía. Pero también hay que recordarle a la gente que la responsabilidad también involucra a los padres, la escuela, la sociedad, la televisión. La niñez es un tema que nos compete a todos, por eso se requieren medidas concertadas desde la base social, para que haya construcción de ciudadanía.

 (Fuente: Revista Semana, 28 de Septiembre de 2010. http://www.semana.com/noticias-politica/no-medidas-magicas-para-reducir-delitos-adolescentes/145258.aspx)




 

 

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