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Noticias Editorial
Indice del artículo
Noticias Editorial
Tradiciones culturales y derechos de NNA
Combatiendo el tráfico de niños, niñas y adolescentes
De la mujer al niño: sujetos invisibles en la sociedad
Fundación, Magdalena
Conferencia Internacional CPC
Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria
Adopción: ¿medida principal y por excelencia?
Homenaje al Profesor Carlos Tejeiro
Entrevista con la revista Semana
Todas las páginas

Fundación, Magdalena

La tragedia sucedida el pasado domingo 18 de mayo conmocionó al país entero, pues llevó a que se declarara luto nacional por tres días. La Cátedra Ciro Angarita lamenta profundamente estos hechos y expresa su consternación sobre la dimensión de la situación. Los hechos ocurrieron en Fundación, en el departamento de Magdalena: alrededor de 50 niños iban en un bus de regreso a sus casas después de pasar toda la mañana en la Iglesia Pentecostal, cuando se incendió el vehículo. De acuerdo con los medios, los adultos sabían sobre la existencia de una fuga de gasolina en el carburador, pero decidieron realizar el trayecto de cinco horas de todas maneras. Esto, sumado a la reacción del conductor al apagarse el –vertió gasolina en el carburador– constituyen la posible causa del incendio. Lo anterior se empeoró con la cantidad de niños que superaba la capacidad del vehículo, viéndose agravado porque sólo iban con dos adultos, el pastor y el conductor del bus. Adicionalmente, los dos adultos salieron corriendo cuando vieron que el bus se prendió en llamas, por lo que no ayudaron a todos los niños a salir de éste; y los bomberos llegaron al lugar de los hechos 20 minutos después del acontecimiento, pudiendo haberlo hecho en menos tiempo. Todo esto causó la muerte de 33 niños entre los 2 y los 12 años de edad. Después de hacer la investigación correspondiente, se ha encontrado que el bus no tenía los papeles en orden, pues no tenía licencias para transitar desde 2012 y el conductor no tenía licencia de conducción. El supuesto propietario del bus ha dicho que sacaron el bus sin su permiso, y que él es solamente el administrador. Algunas versiones especulan que el vehículo también llevaba gasolina de contrabando, comercio ilícito frecuente en la zona y que ya había causado algunos accidentes. Los niños sobrevivientes fueron trasladados a hospitales de Santa Marta y Ciénaga, pues el de Fundación no cuenta con la capacidad suficiente para una tragedia de semejante magnitud.

Han encontrado como posibles responsables al pastor que contrató el servicio y al conductor del vehículo. Fueron acusados por el delito de homicidio con dolo eventual en concurso homogéneo y les fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario. No aceptaron cargos y declararon que se encontraban muy consternados por lo que había sucedido, que en ningún momento desearon que esto pasara, aunque ambos conocían el estado deplorable en el que se encontraba el vehículo. De acuerdo con los medios, se dice que los sindicados podrían estar frente a una pena de prisión de alrededor de 40 años. Los abogados defensores afirman que tratarán de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para que no obtengan la pena máxima de 60 años. Es claro que el conductor –y se podría afirmar que el supuesto dueño del bus también– violaron leyes de tránsito, al no tener la licencia de conducción y no tener al día los papeles y revisiones necesarias para poder transitar. Además, tanto el pastor como el conductor permitieron el sobrecupo de niños y fomentaron el comercio ilegal de gasolina. Por otro lado, los responsables violaron su deber objetivo de cuidado, que se generó a partir de la situación de llevar menores de edad, quienes son sujetos de especial protección. Por esta razón, no debieron haber transportado tantos niños en un bus, menos con una cantidad insuficiente de adultos que pudieran hacerse cargo de ellos y mucho menos transportando gasolina también. Adicionalmente, este deber fue violado al no quedarse a socorrer a los niños en medio de la tragedia, en vez de salir corriendo a ver si ellos se podían salvar. Al ser individuos de especial protección, las demás personas tenemos una obligación especial de ayudar a los niños en estas situaciones, tratando de salvarles la vida antes que a nosotros mismos.

Mientras se decide sobre los cargos de los acusados, las familias de los niños víctimas consideran demandar al Estado por negligencia. La Defensoría del Pueblo asesorará a estas familias para determinar cuáles entidades estatales "omitieron cumplir con sus funciones de control al transporte público de pasajeros". De acuerdo con el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora, el Estado mismo tiene que hacer cumplir ciertas leyes, para que los ciudadanos las cumplan. Si no hay un control efectivo de las auotridades, es viable esperar que los ciudadanos incumplan las normas. El incumplimiento en este caso hace referencia a: el sobrecupo, la ausencia de licencias pertinentes y el hecho de que solo dos adultos acompañaran a tantos menores de edad.

Para concluir, en primer lugar, es preciso señalar que la información suministrada por los medios no es del todo confiable, pues no hay consistencia ni claridad sobre algunos detalles como el número de niños que se encontraba en el vehículo o a cuántos años de prisión se enfrentan los acusados. En segundo lugar, todo el ruido que se hizo en las redes sociales y en los medios de comunicación a lo largo de la semana cesó de un momento para otro; a finales de la semana no tuvimos muchas más noticias sobre lo que sucedió después. Conocimos el caso de otro niño más que murió, pero ¿y las familias de los niños? ¿Qué va a hacer el Estado para evitar que tragedias como esta vuelvan a suceder? Deja mucho que desear que se crea que con dinero –el Estado hizo un aporte de 200 millones de pesos– y un luto nacional se soluciona el problema, cuando claramente va más allá de un incidente independiente. Se trata de un problema que sucede en todo el país y con más frecuencia de lo esperado: tras hacer una revisión de 15 buses en Fundación, se encontró que 11 no superaban las pruebas de revisión técnico-mecánica. En Ocaña, en el Norte de Santander, se detuvo un bus que también transportaba niños y se encontró que tampoco tenía los papeles al día. Se hará seguimiento de la noticia, para ver finalmente quiénes terminan siendo responsables –si el Estado y la alcaldesa de Fundación también– y qué más medidas va a tomar el Estado para que eventos como éste no vuelvan a suceder.



 

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