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Noticias Editorial
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Noticias Editorial
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Entrevista con la revista Semana
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"No hay medidas mágicas para reducir los delitos de adolescentes"

 ENTREVISTA CON LA REVISTA SEMANA

 

Carlos Enrique Tejeiro, coordinador de la cátedra de Infancia y adolescencia de la Universidad de los Andes, explica por qué subir los años de reclusión para los menores de edad no resuelve el problema de la delincuencia juvenil.

La propuesta de castigar a los adolescentes y jóvenes que cometan delitos graves con penas altas de reclusión, hecha por la Senadora Gilma Jiménez, no ha caído muy bien entre los especialistas que ayudaron a confeccionar el Código de Infancia y Adolescencia que entró en vigor hace cuatro años. ¿La razón? Desde el punto de vista de organizaciones como la Alianza por la niñez colombiana, el proyecto de Jiménez contradice postulados de convenios internacionales suscritos por Colombia.

Además echaría por tierras las garantías que tienen los adolescentes y los jóvenes, pues el sistema penal para ellos no está pensado para “castigar con prisión”, sino para garantizar la reeducación y darle una segunda oportunidad a quienes cometan delitos entre los 14 y los 18 años. Este trato contempla la privación de la libertad, pero con acompañamiento pedagógico y sicológico. 

Sin embargo, el índice de comisión de delitos por adolescentes ha aumentado, lo cual ha encendido las alarmas. Este martes, varias de las organizaciones que han observado el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, es decir, toda la normatividad que rige a este grupo de la población, se reunirán para evaluar el problema. 

A propósito del debate, entre quienes proponen el establecimiento de castigos para jóvenes que cometan delitos graves y quienes aducen que el problema no se resolverá de esa manera, Semana.com entrevistó al profesor de Derecho Carlos Enrique Tejeiro, actual Coordinador Cátedra por la Infancia y la Adolescencia de la Universidad de los Andes. 

Semana.com: ¿Cuál es la importancia de la participación de la academia en la discusión de cómo tratar los delitos cometidos por jóvenes y adolescentes? 

Carlos Enrique Tejeiro: La academia ha jugado un papel definitivo en la discusión de Infancia y adolescencia. Hacia 1987, Bienestar Familiar inició una discusión interna para redactar el código del menor en esa época, basado en un parámetro técnico que se llamaba la situación irregular de los “menores infractores”. Pero esa categoría ya no existe. La nueva categoría es “niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley”. 

Al país hay que informarle que un compendio de trabajos académicos dio lugar al actual Código de Infancia y Adolescencia. Desde esa perspectiva nos preocupa el proyecto presentado por la Senadora Gilma Jiménez, porque parte de unos presupuestos que no podemos compartir desde la academia. 

Nos preocupa mucho que diga que, cuando se trata de tomar decisiones, las discusiones académicas no sirven. Esa es una postura desobligante y creo que está desinformada. 

Semana.com: ¿Cuáles son sus críticas al proyecto de Jiménez? 

C.E.T: Lo primero es que incluye dentro de los objetivos del manejo penal de la infancia y adolescencia, una visión punitiva. Es decir, que sustituye la visión sociopedagógica que el Estado debe aplicar para tratar con los adolescentes en conflicto con la Ley, para invertirlo en el alzamiento de las penas. 

El artículo 140 del Código de Infancia establece que tanto el proceso de responsabilidad penal para adolescentes, como las medidas que se toman, deben ser “pedagógicos, específicos y diferenciales”. Pero el proyecto pretende adicionar una expresión que vemos con mucha preocupación: “y sancionatorio”. Así se invierte el eje socio pedagógico para convertirlo en un manejo penal igual al de los adultos. 

Semana.com: Pero según algunos expertos, el joven desde los 14 años tiene plena conciencia de sus actos… 

C.E.T.: Colombia suscribió la Convención Internacional de los derechos del niño, que es un pacto supranacional firmado por 86 países y rige el derecho interno. El tratamiento de los jóvenes y adolescentes que colisionen con la Ley tienen unos parámetros específicos, uno de ellos que a los niños no se les puede juzgar como adultos. De modo que cuando se dice que se les juzgará como adultos, se está violando la convención. Estados Unidos lo hace porque no tiene suscrita la convención. Para juzgar a los adolescentes como adultos, nos tocaría renunciar a la convención por un debate, que me temo que es más político que jurídico. 

Semana.com: ¿Cuáles serían los riesgos de cambiar el Código para establecer penas? 

C.E.T.: Esa inversión en el sistema es un retroceso académico que equivale a hacer tabla rasa de lo que se pidió con el Código de Infancia y Adolescencia. 

Semana.com: Pero, ¿cómo hacer para reducir las infracciones de los adolescentes? 

C.E.T.: Unos son los problemas políticos, otros los de orden público y otros los problemas estructurales de la infancia y la adolescencia. Esta propuesta confunde un tema de política criminal, con uno de infancia y adolescencia. Se proponen medidas de choque para resolver episodios dramáticos de delincuencia, pero alterando las garantías, como son las franjas de edad 14-16-18. 

Eso significa que la Ley deja de ser un marco teórico para manejar la infancia y la adolescencia para convertirse en uno política criminal. Sería un error confundir una cosa con la otra. 

Semana.com: ¿Ustedes han estudiado si las medidas de aumento de penas impactan significativamente la comisión de delitos de los adolescentes? 

C.E.T.: Esta discusión la tuvimos hace años cuando, por medio de un decreto de conmoción interior, el Gobierno pretendió reducir la edad de la imputación penal, de 18 a 16. Con el ICBF estudiamos cuáles serían los impactos. La experiencia internacional que advertimos en muchos países es que al bajar la franja, lo único que se consigue es sobrepoblar los centros de reclusión de menores. 

Semana.com: El proyecto de Jiménez incluye la expresión “resocialización” para el tratamiento de los adolescentes. ¿Qué diferencia hay con la “reeducación”? 

C.E.T.: Ese es otro aspecto que nos preocupa, que el proyecto habla de “resocialización de menores”. Los conceptos se refieren a tratamientos distintos. La resocialización es un término técnico para el trato de los adultos que cometen un delito. La reeducación presupone la reconstrucción de la ciudadanía, el restablecimiento de los derechos del adolescente. No se puede hacer tabla rasa de los derechos bagatelares de los juveniles para convertirlos en peligrosos delincuentes por su edad. Eso equivale a etiquetarlos. 

Semana.com: Desde la teoría suena ideal el sistema, pero, ¿cómo le explica uno a la sociedad, que es la que sufre, los problemas; como le explica que la forma de tratar a los adolescentes que cometen delitos no es el castigo? 

C.E.T.: A la sociedad hay que explicarle lo siguiente: todos queremos que el orden público se mantenga, y la tranquilidad ciudadana, como valores de la democracia. Pero las alteraciones de la paz tienen distintos orígenes. En este caso, tenemos un pico de violencia urbana en la Comuna 13 de Medellín. Pero los picos de violencia urbana no pueden manejarse bajando y subiendo los rangos de edad para quienes se aplican las leyes. La solución debe ser concertar unas medidas con la sociedad civil, por eso vimos con muy buenos ojos el concierto de Juanes la semana pasada, porque desde abajo se construye ciudadanía y podemos detener la acción de las bandas criminales. Pero una situación de orden público que viene desde hace muchos años, no la podemos conjurar mágicamente en 15 o 20 días. 

Semana.com: ¿De qué otras medidas se requieren para atacar el problema? 

C.E.T.: Es necesario fortalecer la punición contra los padres, es necesario llevar a los padres a la corresponsabilidad civil. Es necesario reclutar a los juveniles a la vida social y construir la cultura del ciudadano joven, en lo que nos hemos descuidado mucho. 

Semana.com: Hay críticas muy fuertes al Sistema de Responsabilidad Penal que maneja el ICBF. En su criterio, ¿cómo ha visto el papel de ese organismo? 

C.E.T.: La verdad sea dicha: con todo el aprecio que hay que tenerle, el instituto sigue con demasiadas funciones. Es fiscal, coautor, gestor, superintendente, coordinador, de toda la gestión del sistema El instituto no ha podido asumir la totalidad de las funciones que se le asignaron. En las discusiones del nuevo código fue muy difícil quitarle funciones para que sólo asumiera las importantes. El sistema no ha funcionado, hay que reconocerlo. 

Semana.com: ¿En qué otros aspectos, el sistema no ha funcionado? 

C.E.T.: Se ha deteriorado la red de atención a los adolescentes en conflicto, en lugar de mejorar. El presupuesto ICBF decrece, la especialización de los funcionarios decrece. 

Por ejemplo, una cosa es que un adolescente cometa un homicidio, que puede ser por muchas razones. Y otra es que el adolescente esté reclutado por los combos, que haya participado en las guerras urbanas y sea un soldado de las bandas. Ese es un soldado disciplinado en una carrera criminal. En ese caso hay que atender a la “reincidencia”, en eso ha fallado el sistema. 

El problema es cómo rescatar al joven de la reincidencia y para eso se requiere de presupuesto. En infancia y adolescencia no hay nada de corto plazo. La experiencia nos ha enseñado que la inversión es altamente costosa. Nosotros invertimos una cifra per cápita muy inferior a la de cualquier otro país. Y no hay medidas de choque mágicas o milagrosas, como pretender que la comisión de delitos atroces va a bajar por aumentar las penas. 

Semana.com: La iniciativa de Jiménez contempla pasarle funciones del ICBF al Ministerio del Interior, como la aplicación de las “sanciones”. ¿Usted qué opina de eso? 

C.E.T.: Es preocupante acercar al Inpec y al Ministerio del Interior al tratamiento de estas franjas de población en conflicto. Primero, porque desvirtúa la intervención socio pedagógica, que es una garantía para la infancia y la adolescencia. A los adolescentes y juveniles no se trata de alojarlos o confinarlos en sitios especializados, sino de administrar medidas. Además, yo quisiera ver el presupuesto y la infraestructura para crear sitios de reclusión como los que se proponen. 

Semana.com: Pero, entonces ¿qué hay que hacer? 

C.E.T.: Yo invitaría al Gobierno y a los legisladores a concertar las medidas, a hacer un alto en la manera como se diagnostica el problema, para que se discuta la política de choque y atender el problema específico de los picos de orden público, pero sin que eso signifique hacer tabla rasa de las garantías jurídicas que los adolescentes tienen. 

Es necesario sentar en la mesa al ICBF, a la Procuraduría, a la Fiscalía. Pero también hay que recordarle a la gente que la responsabilidad también involucra a los padres, la escuela, la sociedad, la televisión. La niñez es un tema que nos compete a todos, por eso se requieren medidas concertadas desde la base social, para que haya construcción de ciudadanía.

 (Fuente: Revista Semana, 28 de Septiembre de 2010. http://www.semana.com/noticias-politica/no-medidas-magicas-para-reducir-delitos-adolescentes/145258.aspx)




 



 

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